Para: Citará Online
Por: Jorge Tadeo Lozano
24 de mayo de 2009
Escuchar a un alto miembro del gobierno central, en este caso al
Vice-Presidente Francisco Santos, reconocer por fin públicamente que en
Colombia ha habido discriminación racial de “afrodescendientes” en toda la
historia de la República, o sea, durante casi 200 años de autonomía política,
es novedoso más no sorprendente para quienes venimos sosteniendo lo mismo sin
necesidad de acudir a los previos y costosos estudios socioeconómicos que el
alto funcionario nos anunció como soporte de sus afirmaciones. Lo expresamos mi
padre y yo tanto en debates en el Congreso como en infinidad de documentos de las décadas del 60
al 90 que fueron recogidos en los libros: “Testimonio de Ramón Lozano Garcés”
del historiador César Rivas Lara (publicación de la Imprenta del
BCH-1989); y “Juicio a la
Nación–Marginalidad Estructural- Discriminación Soterrada – Derecho al
Desarrollo” escrito por mí, que editó la Cámara de Representantes y publicó la
Imprenta Nacional en 1998, en el cual resumimos nuestra posición global sobre
el tema en la siguiente breve frase “La discriminación contra la raza negra no
ha desaparecido en el planeta Tierra, en vez de disminuir, se está disimulando,
que es más grave”. Nosotros percibimos en nuestra propia humanidad y en
la de la gente que representamos, toda la infamia de la segregación. En
ese entonces nos replicaban desde las altas esferas del poder político y
mediático del país con las rituales expresiones despectivas de “acomplejados” y
“mediocres” con las que aún suelen rechazar las pretensiones de vinculación y
ascenso de los afrocolombianos a posiciones de comando en la sociedad colombiana; incluso, fue bien
difícil en ese entonces conquistar el derecho de que un núcleo humano como el
chocoano, integrado por un 98% de población negra, pudiese manejar las
instituciones de la Nación con sede en la región, a pesar de tener gente
preparada.
Es una verdad a medias la afirmación del Vice-Presidente de que no existe
recurso humano de excelencia proveniente de la raza negra que pueda acceder con
méritos a posiciones de dirección y mando en los diferentes sectores de nuestra
sociedad, según Santos, debido a la
pobreza de sus familias para financiarle estudios profesionales de calidad,
pues desde hace muchísimos años, con grandes sacrificios, es cierto, hay
conformadas verdaderas legiones de afrodescendientes con idoneidad académica y
experiencia suficientes para ocupar posiciones públicas y empresariales
destacadas, pero el “racismo” se los ha impedido. Así lo reconocía contradictoriamente el alto funcionario (un
poco tarde por la cantidad de valores individuales sacrificados en este lapso)
al afirmar que frente a opciones similares en calidad intelectual,
experiencia y ética, “hemos
excluido al negro solo por el color de su piel”. Pero este no es un
hecho que exista solo porque lo acabe de identificar el estudio de la
Universidad de los Andes contratado por el Gobierno, sino porque así ha sido
siempre: no solo lo hemos visibilizado quienes hemos hablado y escrito sobre el
tema desde hace décadas sino que ha sido reconocido tanto por la Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas como por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA en todos su informes sobre el estado de los derechos
humanos en Colombia.
Pero bien, reconozcamos que así sea tardío, este arrepentimiento dialéctico
de la clase dominante expresado por el señor Santos es valioso y debemos
reconocerlo como un punto de inflexión en esta larga lucha por la
reivindicación del derecho a la igualdad de razas en Colombia. Porque cientos
de estudios del mismo nivel y con similares conclusiones se han hecho en el
pasado, incluso por universidades oficiales tan serias como la Universidad Nacional, que se han
“archivado” por los gobiernos sin prestarles la más mínima atención.
Lo más difícil, sin embargo, en
todos estos procesos políticos es el paso de los estudios de identificación del
problema y manifestación de buenas
intenciones a los hechos prácticos de individualización de las soluciones y su
ejecución práctica. No bastan los simples reconocimientos públicos ni son
suficientes las condecoraciones a dos o tres negros ilustres el día de la
afro-colombianeidad; como tampoco son suficientes los nombramientos de dos o
tres afro-descendientes en posiciones destacadas del ejecutivo nacional; eso
está bien pero no satisface los derechos de las negritudes ni en proporción a
su volumen poblacional ni en equidad con
su peso específico académico y ético. No somos cuatro millones como lo
reconocen algunos deficientes cálculos de estudios contratados por el Estado,
ni ocho millones como lo recogió Naciones Unidas en uno de sus estudios;
pasamos de doce millones los colombianos descendientes de negros, por tanto
representamos aproximadamente el 30% de la población colombiano; somos la
minoría racial mayoritaria del país, que justifica por tanto una reforma legal
que nos conceda, en equidad, una participación proporcional a nuestra población
en los órganos del Estado. Eso sostuve en 1997 en la Comisión 1ª de la Cámara de
Representantes cuando respaldaba el
proyecto de ley -aprobado unos años después-
que buscaba concederle a la mujer una representación de por lo menos el
30% en los órganos del Estado (administración, justicia, legislativo y
entidades de control) como mecanismo de búsqueda de la equidad de género; a
cambio, solicité reciprocidad para cuando el país tuviese la suficiente
sensibilidad y conciencia social y un Congreso que la interpretase, para hacer
lo mismo con la afrodescendencia.
Con base en esta nueva actitud del gobierno nacional frente al tema que nos
ocupa, creo que el momento político actual es propicio para poner a prueba esa
corriente de compasión y cognición
social que dice tener, invitándolo a presentar al Congreso una iniciativa
legislativa similar a la que este aprobó para comenzar a resolver el problema
de la discriminación de género, lo que podría constituirse en el primer paso de
un gobierno que seriamente quisiese cambiar el trato discriminatorio hacia la
raza negra y un paradigma para los demás sectores de la sociedad colombiana que
aún mantienen en su interior formas segregacionistas de comportamiento hacia
ella.
Comentarios
Publicar un comentario