LIBERACIÓN
Por: Jorge Tadeo Lozano
18-07-09
Nunca había sentido tanta rabia y tristeza como cuando el Presidente de la
República notificó a los chocoanos en el Consejo Comunitario del pasado 26 de
junio que acababa de autorizar la intervención de la ESE-SALUD del Chocó por la
incapacidad de sus administradores y las irregularidades que habían encontrado sus agentes; y que además
vendrían otras injerencias del mismo tipo si los análisis del gobierno central
conducían a las mismas conclusiones en otros sectores de la administración,
como en efecto lo hizo con la educación a los pocos días. Prácticamente el
Gobernador quedó notificado de que él no gobernaba y menos gobernaría de ahí en
adelante, que era una simple marioneta del Presidente Uribe Vélez; y que así
como se había entrometido ya en más del
50% de su administración, lo haría en el resto de la misma, por encima de las
normas constitucionales sobre autonomía de los departamentos, si encontraba lo
que él llamó los actos y hechos irregulares que había encontrado en los casos
anteriores.
Ya no se trata de una simple intervención
de la Nación, este es el disfraz, estamos frente a un verdadero apoderamiento del departamento por la Nación, desde todos
los flancos: el institucional y jurídico, el económico y el político. Ahora nos
anuncian que la Contraloría General de la República seguirá el mismo sendero de
la Nación y por primera vez en su historia intervendrá la Contraloría
Departamental.
Lo grave de todo esto es que se trata de una entrega a través del
inconsciente moral de unos funcionarios seccionales que por sus pésimas y
desastrosas ejecutorias y el ánimo avieso de una casta de mantener el
insostenible modelo político y gubernamental prevaleciente en el Chocó desde
hace aproximadamente una década, han entregado en bandeja de plata la dignidad
del departamento. Y por la conducta siniestra y maligna de unas minorías
corruptas que pretenden abordar ya no
solo las arcas oficiales sino la buena fe de las personas atracando su propiedad
privada por medios inescrupulosos. El departamento está enfrentado a un
verdadero caos, a un estado de cosas administrativo, judicial, legislativo y
político anárquico e incierto, que se me
parece mucho a lo que según el Génesis encontró Dios antes de la ordenación del
cosmos. La confusión y desorden es de tal magnitud que vamos a necesitar de
verdad la invocación y ayuda Divina para retomar los caminos de la rectitud y
el orden.
Institucionalmente el Chocó tiende a desaparecer: Ya el Gobernador no tiene
oficio serio que hacer, fuera de pagar unos sueldos a sus amigotes, porque carece de dinero para emprender obra alguna, ni siquiera los
recursos de transferencia llegan como
antes por la desconfianza de algunos sectores del nivel central de gobierno y
los pocos que llegan son sometidos a rigurosos controles directos y auditorías
que han conducido a intervenciones presenciales de funcionarios de organismos
nacionales que a su vez con sus informes han abierto el camino a lo que hoy no podemos disimular: la toma institucional
del Chocó, porque los servicios esenciales que ordinariamente deberían
prestarse por unidades administrativas del departamento, hoy lo son por
funcionarios de órganos nacionales. Los últimos entregados a la Nación por mala
administración local fueron los de salud y educación. Qué tristeza nos da todo
esto, agregada a la vergüenza que sentimos cuando en el Consejo Comunitario de
Uribe Vélez en Quibdó el pasado 26 de Julio no solo reiteró que seguiría interviniéndonos sino que
lo haría en forma consensuada con las autoridades locales y con gente chocoana.
O sea, que a más de la humillación de imponernos la intervención, que de por sí
representa ignominia y abyección, nos exige el deshonor de tener que convenir
la manera como nos va a oprimir y sojuzgar y para rematar la vileza, nos exige
que le suministremos los agentes que ejecutaran el ultraje y los voceros que
protagonizaran la infamia. Ver ese espectáculo desde lejos y apreciar la forma
sumisa como todos los allí presentes aceptaron las instrucciones del “patrón”,
además de enardecerme sobre manera, me hizo volar la imaginación a épocas muy pretéritas de la
historia universal en las que el “amo” solía reunir a los “siervos de la gleba”,
que en la edad media eran esclavos adscritos a una finca o heredad y eran vendidos
o transferidos como ganado con ella, para notificarlos de su miserable
condición. Esto, sinceramente, me preocupó, porque esperé que algunos de los allí presentes
tuvieran el valor de exigir respeto por el derecho colectivo de los chocoanos de auto-gobernarse y
administrar su territorio.
Es obvio que como en todos los departamentos, haya en el Chocó corrupción y
en algunos sectores marcadas deficiencias administrativas, que es necesario
castigar drásticamente y erradicar definitivamente; la única solución no es la
intervención de la nación, a no ser que detrás de esta caprichosa acción,
existan intereses velados e inconfesables. Hay otras alternativas que se han
aplicado con éxito en otros departamentos, pero que desafortunadamente no han
funcionado en el Chocó con la debida eficiencia y celeridad. La acción de los
organismos de control y de la justica en el interior de nuestro departamento no
ha tenido siquiera los estándares nacionales de eficacia, apremio,
imparcialidad e independencia. Si hubiesen funcionado como lo prevé la ley,
muchos correctivos se habrían ya impuesto a la deshonestidad pública y privada
con reducción significativa de los índices de corrupción. Si la capacitación,
orientación y programas universitarios de la Escuela Superior de Administración
Pública se hubiesen implementado con intensidad en el Chocó, estamos
absolutamente seguros que el rendimiento y pulcritud de muchos funcionarios
públicos habría mejorado significativamente.
La única respuesta de la autoridad
chocoana ante la intervención ha sido hasta ahora un mediocre recurso de
reposición contra la decisión de una funcionaria menor del Ministerio de
Hacienda que se atrevió a tocar el tema de los controvertidos, sospechosos y millonarios “embargos del magisterio” como pretexto para
entrometerse en el manejo local de la educación, hasta ese momento monopolio de
la familia de gobierno, tanto desde los órganos de decisión gubernamentales
como desde los bufetes de abogados con monopolio sobre los susodichos embargos.
¿Cuál ha debido ser la respuesta de un Gobernador no comprometido en las
irregularidades detectadas desde cuando se enteró de las intenciones
intervencionistas del gobierno nacional?
Lógicamente solicitar a la Procuraduría General y a la Contraloría
Nacional investigación sobre los hechos anómalos detectados en esta y en
anteriores administraciones, que pudiesen estar incidiendo en la suya.
Sin embargo, ni siquiera bajo estas circunstancias es correcta la
intervención de órganos de la Nación para administrar lo que por mandato
constitucional solo puede conducir y disponer
la autoridad departamental, así existiesen leyes que autorizasen tamaño
despropósito. ¿Qué ha debido hacer el Gobernador en este caso? En defensa del
orden institucional y constitucional, oponerse materialmente a la misma al
momento de la injerencia, invocando el
ordenamiento jurídico superior y en caso
de la insistencia policiva, levantar un Acta dejando constancia de la
usurpación, poniendo enseguida las correspondientes denuncias disciplinarias y penales
en averiguación.
Ahora ¿que es lo que el gobierno nacional ha debido hacer en lugar de
suplantar funciones legales y a funcionarios departamentales en el legítimo
ejercicio de sus cargos? Pues en uso de su competencia constitucional de
vigilancia administrativa sobre la ejecución de los recursos del orden nacional
–no de administrarlos, que es atribución también constitucional exclusiva de
los órganos locales una vez transferidos- y dada la magnitud de las irregularidades advertidas,
provocar una acción conjunta con los órganos de control disciplinario, fiscal y
judicial –esa si masiva- para sancionar y excluir del servicio a los
responsables, con lo cual se habría propiciado y permitido el funcionamiento normal
del “estado de derecho” y de la democracia; y no su malintencionada trasgresión
como hasta ahora opinamos que ha ocurrido.
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